Jorge Mario Ramírez Maldonado, acusado de feminicidio en contra de su esposa María Alejandra Galeazzi Sevennello en 2018, fue puesto en libertad tras una controvertida decisión del juez José Álvaro Sarmiento Márquez, pese a haber permanecido prófugo durante cinco años.
El 20 de mayo de 2018, Alejandra Galeazzi, de 43 años, falleció después de ser víctima de un brutal ataque en su domicilio en Cholula, Puebla. Tras tres días de agonía, su cuerpo no resistió las lesiones, que el dictamen médico calificó como resultado de una agresión directa. Su esposo, Jorge Mario Ramírez, entonces de 52 años, huyó de la justicia inmediatamente después del ataque.
El 25 de junio de 2023, Ramírez Maldonado fue capturado tras años de investigación. Con 60 años cumplidos, fue ingresado al Centro Penitenciario Temporal para Adultos Mayores, sin que sus condiciones de salud ameritaran una medida cautelar distinta a la prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, el 15 de noviembre de 2024, el juez de control de San Martín Texmelucan revisó la medida cautelar y, de manera inesperada, concedió que el acusado enfrentara su proceso en libertad, a pesar de la ausencia de justificación médica relevante. La defensa de Ramírez había argumentado meses antes que padecía hemorroides, una solicitud previamente desechada por improcedente.
El juez Sarmiento Márquez permitió su liberación bajo la condición de portar un brazalete electrónico y no salir de la periferia de Puebla y Cholula. La decisión generó indignación en la familia de la víctima, quienes señalaron posibles actos de corrupción en el Poder Judicial del estado.
“Estamos ante la presencia de actos totalmente irregulares y presumibles de corrupción. Es inaceptable que un presunto feminicida prófugo por cinco años reciba el beneficio de la libertad”, declararon los familiares de Galeazzi, acompañados por sus abogados.
La liberación se concretó el 21 de noviembre, lo que reavivó el reclamo de justicia por parte de colectivos feministas y defensores de derechos humanos. Señalan que esta resolución vulnera los principios de justicia para las víctimas y podría sentar un peligroso precedente en casos de violencia de género en el estado.
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