El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que la propuesta de modificación al dictamen de reforma constitucional que extingue siete órganos autónomos incluye una reserva que asegura el cumplimiento de los compromisos internacionales de México, especialmente en el marco del T-MEC.
Según Monreal, la reserva propuesta al artículo 28 constitucional permitirá que las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sean transferidas a un nuevo órgano técnico independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto garantizará la resolución de temas clave como competencia, monopolios, radiodifusión y telecomunicaciones.
El diputado destacó que los transitorios del dictamen definirán la redistribución de las funciones de los órganos autónomos extinguidos, así como el destino de sus trabajadores. También señaló que se está revisando el futuro de la Plataforma Nacional de Transparencia para asegurar la continuidad del trabajo realizado por el INAI.
Monreal argumentó que la extinción de los órganos autónomos obedece a que han cumplido su función y ya no resultan necesarios en su forma actual. Sin embargo, evitó calificarlos de corruptos y subrayó que la intención es optimizar recursos y fortalecer la estructura administrativa del Estado.
En relación con el Instituto Nacional Electoral (INE), Monreal calificó como atendible la solicitud de prórroga para organizar la elección de personas juzgadoras, aunque reiteró que la elección debe realizarse el 1 de junio de 2025. Manifestó su confianza en el INE y en su capacidad para llevar a cabo este proceso histórico.
El legislador también se refirió al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, señalando que se contempla reasignar entre 12 mil y 15 mil millones de pesos. Estos recursos se destinarían a universidades públicas, infraestructura carretera, el campo, el agua y las Fuerzas Armadas.
Finalmente, Monreal subrayó la importancia de priorizar sectores clave para garantizar un presupuesto equilibrado que atienda las necesidades de estados y municipios, además de compensar recortes en áreas estratégicas para el desarrollo del país.
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