La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 347 votos a favor, 128 en contra y ninguna abstención, el dictamen de reforma constitucional que extingue siete organismos autónomos. La votación logró la mayoría calificada necesaria para avanzar en el proceso legislativo.
El dictamen establece la eliminación de instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
La propuesta redistribuye las funciones de los organismos extintos entre dependencias del Ejecutivo Federal. Por ejemplo, el INEGI asumirá la medición de la pobreza, mientras que la Secretaría de Educación Pública integrará las tareas de mejora continua de la educación. La Secretaría de la Función Pública será responsable de garantizar la protección de datos personales y el acceso a la información pública.
El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, declaró un receso tras la votación y convocó a reanudar la sesión este jueves 21 de noviembre a las 9:00 horas, para continuar la discusión en lo particular.
El dictamen también estipula que los ahorros generados por la extinción de los organismos serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Además, se garantiza el respeto a los derechos laborales del personal afectado, quienes serán reubicados en las dependencias que asumirán las funciones correspondientes.
El Congreso de la Unión tendrá 90 días naturales para realizar los ajustes legales necesarios, mientras que las legislaturas locales contarán con un plazo adicional de tres meses para armonizar sus marcos jurídicos.
Entre los cambios destacados, se incluye la transferencia de las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones al Ejecutivo Federal, que garantizará el acceso a tecnologías de la información y servicios de telecomunicaciones. Asimismo, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas supervisará temas relacionados con transparencia en partidos políticos.
La reforma, presentada inicialmente por el Ejecutivo Federal en febrero de 2024, ha generado un intenso debate en el Legislativo y diversos sectores de la sociedad, ante los posibles impactos en la autonomía institucional y los derechos ciudadanos.
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