La diputada Dolores Padierna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que la reforma al artículo 19 de la Constitución, que incluiría delitos como extorsión, narcomenudeo y contrabando en el catálogo de conductas penales que ameritan prisión preventiva oficiosa, está justificada por la situación actual del país.
Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, explicó que la propuesta se someterá esta semana al Pleno, con el objetivo de ampliar el ámbito de delitos para los cuales se debe aplicar esta medida cautelar. Entre los delitos que se incorporarán al catálogo están el fraude, la fabricación y comercialización de drogas sintéticas como el fentanilo, y el contrabando de comprobantes fiscales falsos.
La diputada destacó que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), el fraude y la extorsión son dos de los delitos más frecuentes en México, con la extorsión ocupando el tercer lugar en cuanto a impacto en la población. La reforma busca mejorar la procuración de justicia y la seguridad, tomando en cuenta la creciente incidencia de estos delitos en el país.
En el ámbito de la salud, Padierna resaltó la creciente problemática del fentanilo, un opioide sintético que ha generado una crisis en salud pública. Desde 2018, el número de personas que requieren tratamiento por consumo de fentanilo ha aumentado significativamente, según datos oficiales. Entre 2018 y 2023, México decomisó más de 7,600 kilogramos de esta droga.
La diputada explicó que la prisión preventiva tiene como finalidad garantizar el desarrollo de un proceso penal sin que el imputado pueda obstaculizarlo mediante la fuga o el daño a víctimas y testigos. Aclaró que esta medida cautelar se aplica de manera excepcional, solo cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar el cumplimiento de los fines procesales.
El concepto de «prisión preventiva oficiosa» fue introducido por la reforma penal de 2008, y desde entonces ha sido ampliado en varias ocasiones. Las reformas de 2011 y 2019 añadieron nuevos delitos al catálogo de aquellos que ameritan esta medida, como el feminicidio, la trata de personas y la corrupción. Esta nueva reforma continuaría con este enfoque, incorporando delitos de alto impacto social y económico.
Padierna concluyó que la reforma refleja el compromiso del Gobierno de la Cuarta Transformación para enfrentar los problemas de inseguridad y justicia que afectan a la sociedad mexicana, y consideró que la inclusión de nuevos delitos en la prisión preventiva oficiosa responde a la urgencia de mejorar la seguridad y el sistema judicial en el país.
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