El pasado 9 de noviembre, un comando armado irrumpió en el bar “Los Cantaritos” en Querétaro, dejando un saldo de diez personas asesinadas y trece más heridas, entre ellas dos en estado grave. Entre las víctimas se encontraba Fernando G, alias “La Flaca”, de 31 años, quien ha sido identificado como el objetivo principal del ataque, debido a su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La emboscada, ocurrida en la Avenida Circunvalación, cerca de Calzada de Los Arcos, es el episodio más reciente en la escalada de violencia entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima en la lucha por el control del territorio.
Fuentes del gobierno federal informaron que Fernando G, conocido como “La Flaca”, era un activo reclutador de sicarios para el CJNG, y que incluso utilizó sus redes sociales en agosto pasado para hacer una convocatoria. En sus publicaciones, Fernando G ofrecía pagos semanales a personas capacitadas en el uso de armas de fuego, con el fin de fortalecer las filas del grupo criminal en su disputa con el cártel rival. En sus perfiles, mostraba imágenes portando armas y chalecos tácticos con las siglas CJNG, lo cual fue una de las pistas clave para que las autoridades identificaran sus actividades y asociaciones delictivas.
Además de su participación en el reclutamiento de sicarios, Fernando G se dedicaba al robo de hidrocarburos en la región, una actividad lucrativa que ha intensificado los conflictos entre cárteles en la zona del Bajío. De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque en “Los Cantaritos” estuvo dirigido específicamente contra él y fue ejecutado por un grupo armado que irrumpió en el bar y abrió fuego indiscriminadamente contra los asistentes, causando una masacre.
El historial de Fernando G ante las autoridades locales incluye dos detenciones en Querétaro, en marzo y agosto de este año, ambas por portación de armas de fuego. Sin embargo, “La Flaca” fue liberado tras cada detención, lo que ha desatado cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas preventivas en su contra. Estos antecedentes han sido esenciales en el desarrollo de la investigación actual, que considera el ataque como una posible venganza o ajuste de cuentas en la guerra entre cárteles.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto en su conferencia del lunes 11 de noviembre, y señaló que “iban por una persona”, confirmando que la masacre fue un acto premeditado con un objetivo claro. Asimismo, la funcionaria informó que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha estado en contacto con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, para coordinar las investigaciones, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Las autoridades se encuentran en la fase de recopilación de pruebas y análisis de grabaciones de cámaras de seguridad en el área, con el fin de identificar a los perpetradores del ataque. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno pretende dar celeridad a las pesquisas para esclarecer los hechos y, eventualmente, desarticular a las células del crimen organizado implicadas.
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