La reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) podría debilitar el entorno macroeconómico e institucional de México, advirtió UBS, el banco suizo de gestión de activos. La institución señaló que la reforma, que propone elegir a jueces y magistrados por voto popular, podría disminuir la confianza de los inversionistas debido a la falta de garantías contra la corrupción e impunidad.
En un análisis, UBS expresó que el sistema judicial mexicano “lleva mucho tiempo con un estado de derecho débil”, por lo que es improbable que la reforma aborde de manera efectiva problemas como la impunidad. Según el banco, la politización del proceso judicial se agudizaría con la votación popular de jueces, lo que elevaría el riesgo de influencias políticas sobre las decisiones judiciales.
Otro punto de preocupación es el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por cinco miembros también electos por la ciudadanía. Este tribunal tendrá la facultad de sancionar a jueces, no solo por mala conducta, sino por fallos que carezcan de objetividad o independencia. UBS destaca que este enfoque puede generar presiones indebidas sobre los jueces, afectando la imparcialidad de sus resoluciones.
Ante estos cambios, UBS mantiene una posición neutral sobre las inversiones en el mercado accionario mexicano debido a la “incertidumbre política y la debilidad de los fundamentales macroeconómicos”. La institución considera que, sin un entorno institucional sólido, las oportunidades de inversión podrían reducirse, afectando sobre todo a las empresas nacionales sin acceso a tribunales internacionales.
El banco también señaló que México podría estar desaprovechando oportunidades en el contexto de relocalización de empresas (nearshoring), una tendencia que beneficiaría a la economía mexicana gracias a la proximidad con Estados Unidos. Sin embargo, la reforma judicial limitaría este potencial, ya que los inversionistas perciben un “costo de oportunidad” en un entorno de incertidumbre judicial.
Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) serían las más vulnerables ante la nueva normativa, de acuerdo con UBS, debido a su limitada capacidad de resolver conflictos fuera de las fronteras mexicanas. Esto contrasta con los grandes consorcios, que podrían recurrir a arbitrajes internacionales en caso de conflictos.
En conclusión, UBS considera que, si bien las inversiones podrían continuar, estas no crecerán al ritmo esperado debido a la falta de un sistema de justicia sólido que brinde seguridad jurídica. Esto representa un desafío para la economía mexicana, que busca atraer mayores flujos de capital en medio de un entorno internacional favorable para la relocalización industrial.
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