El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Culiacán, Alejandro Alberto Díaz, ha desmentido las afirmaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a su negativa a emitir una orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López, hijo del infame narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán. En una reciente conferencia, Díaz explicó que el fiscal a cargo del caso se desistió de la solicitud debido a la falta de pruebas concluyentes, y que fue el propio fiscal quien admitió no haber completado las investigaciones necesarias antes de solicitar la orden.
En su declaración, Díaz recordó que en la audiencia del 5 de octubre, el fiscal reconoció que aún faltaban varios actos de investigación que debían llevarse a cabo. «La Fiscalía expresó que determinados actos de investigación no los había realizado todavía a la fecha en la que pidió la orden de aprehensión», subrayó el juez, enfatizando que esto justificó su decisión de no proceder con la solicitud.
El comunicado de la FGR, emitido el lunes, sostiene que el juez se opuso a la emisión de la orden de aprehensión; sin embargo, el juez refutó esta afirmación al señalar que era fundamental contar con pruebas sólidas antes de tomar una decisión. «No había pruebas que establecieran que las muestras de sangre encontradas en el lugar de los hechos pertenecían al perfil genético de la víctima, Héctor Cuén», afirmó Díaz, añadiendo que los análisis pertinentes solo fueron obtenidos 12 días después de la solicitud inicial.
Además, el juez destacó la necesidad de que la investigación se completara antes de avanzar con el caso, especialmente debido a la gravedad de los delitos involucrados y las personalidades de los presuntos implicados, que están asociadas a un cártel en Sinaloa. «El caso debía hacerse en un penal de máxima seguridad», indicó, sugiriendo que esta complejidad añadía una capa adicional a la decisión de la FGR de desistirse de la orden.
La controversia se enmarca en un contexto más amplio de tensiones entre el poder judicial y la fiscalía, donde las acusaciones de falta de pruebas y la gestión ineficaz de los casos han sido objeto de críticas. Expertos legales sugieren que la falta de coordinación y comunicación clara entre ambas partes puede socavar la confianza del público en el sistema de justicia.
A medida que se desarrollan estos eventos, la FGR y el poder judicial enfrentan un creciente escrutinio público. La comunidad legal observa atentamente cómo se resolverán estas tensiones y qué medidas se tomarán para garantizar que las investigaciones se realicen de manera efectiva y oportuna.
Mientras tanto, el caso de Joaquín Guzmán López continúa siendo un punto focal en la lucha contra el narcotráfico en México, y la resolución de las discrepancias entre la FGR y el juez podría tener implicaciones significativas para el futuro del enjuiciamiento de delitos relacionados con el crimen organizado en el país.
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