La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió este jueves la acción de inconstitucionalidad promovida por el partido Movimiento Ciudadano (MC) en contra de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que fue aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso. Este recurso legal se suma a los que ya interpusieron el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La acción de inconstitucionalidad, identificada con el número 167/2024, fue turnada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien también tiene bajo su responsabilidad una controversia constitucional presentada previamente por el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez. Este nuevo recurso deberá acumularse junto a los promovidos por el PAN y el PRI, lo que incrementa el desafío legal que enfrenta la reforma judicial.
El acuerdo publicado hoy por la SCJN establece que, además de la impugnación de Movimiento Ciudadano, el tribunal ha admitido dos acciones más en contra de la reforma judicial. Uno de estos recursos fue presentado por integrantes del Congreso de Zacatecas, mientras que el otro fue promovido por el partido local Unidad Democrática de Coahuila. Ambos casos también fueron turnados al ministro González Alcántara Carrancá.
La reforma judicial, que ha sido duramente criticada por la oposición, busca reestructurar el Poder Judicial y ha sido señalada por violar los principios de independencia judicial y la división de poderes. Estas preocupaciones también fueron planteadas en una controversia constitucional interpuesta por jueces y magistrados a principios de octubre, la cual fue aceptada por la SCJN para su análisis.
Movimiento Ciudadano, al igual que otros partidos y actores políticos, ha manifestado su preocupación por lo que considera un intento de controlar al Poder Judicial desde el Ejecutivo, poniendo en riesgo la autonomía de este órgano. La batalla legal que se libra en la SCJN será crucial para determinar el futuro de la reforma judicial, que sigue siendo un tema central en el debate político del país.
El ministro González Alcántara Carrancá tendrá la tarea de revisar los argumentos presentados en las diversas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales acumuladas, y se espera que en los próximos meses la Suprema Corte defina la constitucionalidad de la reforma.
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