El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) manifestó su rechazo a las leyes secundarias de la reforma judicial presentadas por el oficialismo en la Cámara de Diputados. La coordinadora de la bancada, Noemí Luna, criticó el uso de una tómbola para la destitución de juzgadores, afirmando que “la justicia no se rifa”.
Durante la discusión de este lunes, el proyecto de decreto que reformaba y adicionaba disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fue aprobado con 342 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones. Luna lamentó la decisión de la mayoría oficialista de avanzar con la reforma, a pesar de las reservas presentadas.
La sesión se extendió por casi ocho horas, en las cuales los diputados analizaron tanto los aspectos generales como los específicos de la iniciativa oficialista. A lo largo de la discusión, se interpusieron alrededor de 228 reservas por parte de los legisladores de oposición, las cuales fueron desestimadas por el oficialismo.
En su intervención, Noemí Luna expresó su preocupación sobre el impacto de la reforma en la independencia del poder judicial. Denunció que la destitución de jueces con trayectoria, basada en un mecanismo aleatorio, perjudica la meritocracia y los esfuerzos de aquellos profesionales en el ámbito judicial.
Además, destacó que la propuesta busca sustituir a los juzgadores actuales por simpatizantes del oficialismo, lo que, según su opinión, es un intento de concentrar el poder en el Ejecutivo y debilitar la autonomía judicial. “Se está destruyendo la justicia”, afirmó Luna, haciendo un llamado a la reflexión sobre el proceso legislativo y sus implicaciones.
El GPPAN subrayó la importancia de mantener un sistema judicial independiente y robusto, que garantice la justicia y el respeto a los derechos de los ciudadanos. La coordinadora concluyó advirtiendo que la estrategia del gobierno puede llevar a una mayor vulneración de la justicia en el país si se permite que estas reformas se consoliden.
La reforma judicial se presenta en un contexto de creciente discusión sobre la independencia de las instituciones en México y las preocupaciones sobre la separación de poderes. La oposición continuará su lucha legislativa para contrarrestar lo que consideran un ataque a la justicia y la legalidad en el país.
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