El Senado de México aprobó este jueves las leyes secundarias de la reforma judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que establecerán las reglas para la primera elección popular del Poder Judicial, programada para el 1 de junio de 2025. Con 81 votos a favor y 40 en contra, los legisladores avalaron las normativas que regularán la selección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La iniciativa reforma 69 artículos de las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales y Medios de Impugnación en Materia Electoral, estableciendo el marco legal para los comicios extraordinarios. En ellos, los ciudadanos elegirán al 50% de los jueces y magistrados federales, algunos jueces estatales, las vacantes del Tribunal Electoral, a todos los ministros de la SCJN y a los miembros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
El proceso comenzó el 7 de octubre cuando Sheinbaum envió la propuesta al Legislativo, tras la promulgación de la reforma constitucional el 15 de septiembre. A partir del 16 de octubre, el Senado emitirá una convocatoria para que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial instalen comités de evaluación con cinco juristas de “reconocido prestigio” para seleccionar a los candidatos.
En enero de 2025, los comités enviarán listas de finalistas para las vacantes judiciales, que serán reducidas a tres candidatos para los tribunales superiores y dos para los puestos de jueces y magistrados. Las candidaturas finales se aprobarán en febrero, preparando el escenario para la votación pública en junio.
La sesión del Senado se extendió por más de ocho horas debido a la resistencia de la oposición, que criticó la reforma judicial aprobada en septiembre. La senadora Guadalupe Murguía, del PAN, solicitó una “moción suspensiva” argumentando inconsistencias en la propuesta. Mientras tanto, la senadora Paloma Sánchez, del PRI, alertó sobre posibles consecuencias adversas para jueces que no se alineen con las expectativas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
A pesar de las críticas, la mayoría de Morena defendió la reforma como un paso necesario para democratizar el sistema judicial y combatir la corrupción.
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