La ciudad de Culiacán cumple un mes sumida en una grave ola de violencia provocada por la confrontación entre las facciones del Cártel de Sinaloa, La Mayiza y Los Chapitos, tras la captura de Ismael «El Mayo» Zambada. Este conflicto ha generado un escenario de incertidumbre, miedo y crisis económica en la capital de Sinaloa y sus alrededores.
El Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) informó que en estos 30 días de violencia se han registrado 192 asesinatos, lo que equivale a un promedio de seis homicidios por día. Además, 224 personas han sido víctimas de desaparición forzada, con una alarmante cifra de siete secuestros cada 24 horas. La violencia también ha provocado el desplazamiento de al menos 200 familias, quienes han huido de Culiacán y de municipios afectados como Elota, Cosalá y Mazatlán.
La ciudadanía ha respondido con medidas de autoprotección, como el toque de queda no oficial, que ha llevado a la paralización parcial del comercio, especialmente después de las 7:00 p.m., cuando la mayoría de los negocios cierran sus puertas. Los restaurantes y plazas comerciales, que solían ser puntos clave de actividad, están ahora casi desiertos por miedo a los enfrentamientos y secuestros.
Un grupo de representantes de la sociedad civil, comerciantes y defensores de derechos humanos de Culiacán viajó a la Ciudad de México para exigir al gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, un conjunto de medidas económicas urgentes. Entre las demandas se incluye un programa de créditos blandos, exenciones fiscales temporales, y prórrogas en el pago de servicios como electricidad y agua potable, con el objetivo de evitar el colapso económico que se cierne sobre la ciudad.
Laura Guzmán, presidenta de la Cámara de la Industria Restaurantera en Culiacán, expresó su preocupación por la inminente crisis económica. «Si no recibimos un apoyo sustancial para mover esta estructura económica, esto va a empezar a colapsar y a generar hambre y otro nivel de violencia social», advirtió.
Aunque el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha mostrado disposición para dialogar con los sectores afectados, los líderes empresariales consideran que es necesario un enfoque más firme y claro por parte del gobierno estatal y federal. Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del CESP, subrayó la importancia de que el gobierno comunique mejor los operativos de seguridad y las medidas adoptadas para devolver la calma a la región.
La economía de Culiacán, donde el 65% depende del comercio informal, ha sido severamente golpeada. Mil quinientos establecimientos han reducido horarios y más de 200 negocios han cerrado, provocando la pérdida de alrededor de 1,200 empleos, agravando aún más la crisis económica de la capital. Mientras tanto, el conflicto entre La Mayiza y Los Chapitos continúa extendiéndose a otros municipios del estado.
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