La reciente decapitación del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos Catalán, ha encendido alarmas en el Senado, donde senadores del PAN y del PRI han exigido un «golpe de timón» en la estrategia de seguridad del gobierno federal. Durante una entrevista, el panista Ricardo Anaya calificó el asesinato como una «barbarie» y un reflejo de la creciente violencia en el país.
Anaya destacó que la situación de seguridad ha ido empeorando a lo largo de los años, citando cifras alarmantes: en el sexenio de Vicente Fox, hubo 60 mil homicidios; bajo Felipe Calderón, la cifra ascendió a 120 mil, y durante la administración de Enrique Peña Nieto, alcanzó los 140 mil. “En el sexenio anterior se registraron más de 200 mil homicidios. La tendencia es innegable”, enfatizó, instando a que se implementen cambios significativos en las políticas de seguridad pública.
Por su parte, la senadora priista Carolina Viggiano Austria también alzó la voz pidiendo justicia a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. “Esto no es un caso aislado; ya ha sucedido antes, y exigimos que se aclare este asunto”, dijo Viggiano, refiriéndose a la violencia que ha enfrentado la región y la falta de respuestas efectivas ante situaciones similares.
La preocupación de los legisladores surge en un contexto en el que la violencia criminal parece desbordarse, y el asesinato de Arcos Catalán, quien pertenecía a la oposición, se suma a una serie de eventos violentos que han marcado la agenda pública. Viggiano describió la situación como «vergonzosa para el país» y exigió respuestas contundentes por parte de las autoridades estatales.
En respuesta a estas demandas, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene programado presentar este martes una nueva estrategia de seguridad que guiará su gobierno. La expectativa es alta, y los senadores opositores han dejado claro que están vigilantes ante la posibilidad de cambios reales en la política de seguridad pública.
La creciente presión sobre el gobierno de Sheinbaum podría llevar a una reevaluación de las estrategias actuales, que han sido objeto de críticas por su aparente ineficacia. El llamado a un cambio radical refleja un sentimiento de urgencia entre los legisladores, quienes consideran que la violencia debe ser abordada con más determinación y menos retórica.
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