El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, expresó su rotunda oposición a la reforma al Poder Judicial, calificándola de «inoperante, antidemocrática e imprudente».
Durante la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, Moreira afirmó que esta reforma representa un grave riesgo para el Estado mexicano, al lesionar el pacto federal, la protección de los derechos humanos y permitir la intromisión de poderes fácticos, sin garantizar una mejora en la calidad de la justicia.
El líder priista criticó la narrativa presentada por los promotores de la reforma, señalando que no corresponde a los resultados que se obtendrían de su implementación. Explicó que, en lugar de acercar al ciudadano a la elección de juzgadores, se les presentará con listas interminables de candidatos que serán prácticamente desconocidos para ellos, lo que podría llevar a una crisis institucional.
Como ejemplo, mencionó que en la Ciudad de México, durante las elecciones de 2025, el elector podría enfrentarse a 25 boletas diferentes, con un total de 4 mil 125 nombres, de los cuales deberá seleccionar 640 personas para igual número de cargos.
En su intervención, Moreira también destacó la escasez de jueces en México, con apenas 0.33 por cada 100 mil habitantes, cifra que se eleva a poco más de 3 al sumar a los jueces locales, muy por debajo del promedio ideal de 18 y mucho menos que países como Grecia, que cuenta con 40 jueces por cada 100 mil habitantes.
Además, subrayó que los juzgados están saturados, especialmente a nivel local, donde falta personal y los salarios son bajos, y criticó que la reforma no contempla mejoras en áreas clave como el Ministerio Público, el sistema de peritajes, la defensoría de oficio y el ejercicio de la abogacía.
El diputado coahuilense cuestionó la falta de discrecionalidad que tienen los jueces federales y locales, quienes deben seguir criterios, precedentes, jurisprudencias y tratados internacionales, y consideró injusto descalificarlos antes de conocer el proceso de construcción de una resolución. En materia penal, enfatizó que el sistema actual extrema las garantías y la presunción de inocencia.
Por último, Moreira Valdez hizo un llamado a posponer el debate sobre la reforma, proponiendo que se realicen mediciones y simulacros para evaluar su complejidad. Invitó a los legisladores, trabajadores y periodistas a participar en un ejercicio dentro de la Cámara de Diputados, para que experimenten de primera mano las dificultades que conllevaría la implementación de esta reforma judicial.
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