Este lunes arrancará la discusión en la Cámara de Diputados sobre la reforma constitucional al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de este año. La Comisión de Puntos Constitucionales someterá a votación una serie de cambios que han generado polémica y resistencia, especialmente entre los trabajadores del Poder Judicial, quienes desde el 19 de agosto mantienen un paro indefinido.
La reforma plantea modificaciones al artículo 95 de la Constitución, con el objetivo de que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, por un periodo de 12 años, en lugar de los 15 actuales.
Se prevé que las elecciones para estos cargos se realicen el primer domingo de junio de 2025 y nuevamente en 2027. Además, se sugiere reducir de once a nueve el número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con períodos de permanencia de 8, 11 y 14 años según los resultados electorales.
Una de las propuestas más significativas es la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros actuales y futuros, así como un tope salarial que prohíbe que alguien gane más que el presidente de México. Además, se busca reemplazar el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial, que tendrán funciones específicas sobre la carrera judicial y el manejo de denuncias.
La reforma también establece plazos máximos para la resolución de asuntos legales, fijando seis meses para cuestiones fiscales y un año para penales, lo que busca mejorar la celeridad en la impartición de justicia. La sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales está programada para las 11:00 horas, donde se abordarán las modificaciones propuestas.
Esta iniciativa se ha elaborado tras dos rondas de foros de parlamento abierto, en los que se convocó a expertos, trabajadores y políticos a participar en el debate. Las más de cien modificaciones realizadas por la Comisión se basaron en las conclusiones obtenidas durante estas discusiones.
Se anticipa que la oposición se manifestará en contra de gran parte del proyecto, argumentando que puede comprometer la autonomía del Poder Judicial, mientras que los legisladores de Morena y sus aliados defenderán la propuesta como un medio para combatir la corrupción.
Si la reforma es aprobada en la Comisión, se presentará a la Mesa Directiva de San Lázaro para su discusión en el pleno de la Cámara Baja. Esto se espera que ocurra una vez que inicie la LXVI Legislatura el 1 de septiembre, donde Morena y sus aliados tendrán una mayoría. Posteriormente, la reforma deberá ser analizada en el Senado y finalmente recibir el aval de 17 de los 32 Congresos estatales para que entre en vigor.
El clima de tensión se intensifica, ya que también se prevé una movilización de trabajadores judiciales frente a la Cámara de Diputados, donde insistirán en la necesidad de ampliar el diálogo en torno a esta reforma crucial.
Más información
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.