El Frente Cívico Nacional y el movimiento Unid@s entregaron este lunes un amicus curiae respaldado por 150 mil firmas de ciudadanos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en un intento por frenar la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. La protesta se centra en la sobrerrepresentación otorgada a la coalición oficialista, la cual, aseguran, contradice los resultados electorales.
Juan Francisco Torres Landa, uno de los líderes del Frente Cívico Nacional, criticó duramente la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de asignar un 75% de los escaños a Morena y sus aliados, cuando el bloque oficialista solo obtuvo el 54% de los votos. En su intervención frente al tribunal, Torres Landa subrayó que esta sobrerrepresentación carece de lógica en términos jurídicos, morales, éticos y matemáticos.
“El tribunal debe hacer una interpretación congruente y expandir los derechos. No puede avalar una representación tan desproporcionada. Si los magistrados ignoran los argumentos presentados, estarán contribuyendo a un país diferente al que establece nuestra Constitución», señaló Torres Landa.
Además, acusó que existen presiones y «ofrecimientos» relacionados con la reforma judicial en curso, la cual plantea cambios en la elección de jueces y magistrados. Torres Landa denunció que el oficialismo busca influir en el tribunal para que avale la sobrerrepresentación a cambio de eximir a los magistrados de futuros reemplazos o condiciones para subir a la Suprema Corte de Justicia.
Por su parte, Ana Lucía Medina, también integrante del Frente Cívico Nacional, alertó que, de consolidarse esta mayoría calificada, Morena aprobaría la reforma al Poder Judicial, lo cual, según ella, anularía su independencia y pondría fin a la carrera judicial de magistrados, jueces y ministros.
La protesta se realizó frente a las instalaciones del TEPJF en la avenida Carlota Armero, donde un grupo de ciudadanos apoyó la entrega del amicus curiae a los magistrados del tribunal. La documentación, según los organizadores, expone argumentos jurídicos que demuestran la inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación otorgada a la coalición gobernante.
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