Luis Fernando “Z”, conocido como ‘El Rey del Abarrote’, fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en relación con el caso de desvío de fondos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). El juez encargado del caso determinó que existen suficientes indicios para procesarlo, tras las investigaciones presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) señaló que Luis Fernando “Z” habría recibido un millón 680 mil pesos a través de la empresa fachada Servicios Integrales Carregin, S.A. de C.V. Esta compañía fue utilizada para desviar recursos mediante la simulación de la compra de azúcar por parte de Diconsa, una de las subsidiarias de Segalmex. El juez estableció un plazo de cinco meses para concluir la investigación complementaria, durante los cuales el acusado permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El caso tomó relevancia en agosto de este año, cuando Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública, informó sobre el aseguramiento de un inmueble en Donato Guerra, Estado de México, vinculado al acusado, con un valor estimado de 9.5 millones de pesos. Este hallazgo forma parte de las acciones judiciales emprendidas contra la red de corrupción que se sospecha desvió millones de pesos de Segalmex.
Segalmex, creada en 2019 para unificar Diconsa y Liconsa, centraliza la compra y subsidio de productos agropecuarios. Sin embargo, la paraestatal ha sido blanco de investigaciones por desvío de fondos, donde Luis Fernando “Z” figura como uno de los principales involucrados. Se le señala como posible prestanombres de Ignacio Ovalle Fernández, exdirector de Segalmex, y propietario de la empresa a la que Diconsa supuestamente compró 25 mil toneladas de azúcar por más de 142 millones de pesos, sin que dicho producto fuera entregado.
De acuerdo con investigaciones publicadas por Reforma, entre mayo y julio de 2020, Servicios Integrales Carregin dispersó 116 millones de pesos, el 82% del monto total del contrato, a 18 destinatarios mediante 38 transferencias bancarias. A pesar de recibir un contrato millonario, la empresa apenas contaba con siete empleados y no tenía experiencia en la comercialización de azúcar, lo que refuerza las sospechas de que fue utilizada como fachada para operaciones ilícitas.
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