El asesinato del diputado electo Héctor Melesio Cuén ha generado una fuerte controversia, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) desestimara la versión proporcionada por la Fiscalía de Sinaloa, que encabezaba Sara Bruna Quiñonez, y confirmara datos proporcionados por Ismael «El Mayo» Zambada. Esta situación ha desatado una ola de críticas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y ha provocado que la oposición exija su renuncia.
Federico Döring, legislador del Partido Acción Nacional (PAN), fue uno de los primeros en demandar la dimisión de Rocha Moya. En un comunicado, acusó al gobernador de haber «fabricado mentiras» para desviar la investigación sobre el homicidio de Cuén, sugiriendo que la investigación estatal estuvo influenciada por posibles vínculos con el narcotráfico. «Rubén Rocha Moya ya tiene que renunciar al cargo, no tiene cara para sostener todas las mentiras que armó para desviar la indagatoria», afirmó Döring.
Por su parte, el senador Emilio Álvarez Icaza también criticó el manejo de la investigación por parte de las autoridades de Sinaloa. La Fiscalía estatal había presentado un video en el que supuestamente se veía a una persona bajar de una motocicleta para ingresar a la camioneta donde estaba Cuén, sugiriendo que el móvil del asesinato podría haber sido un robo. Sin embargo, el informe de la FGR contradice esa versión, confirmando datos proporcionados por «El Mayo» Zambada en una carta previa.
Álvarez Icaza no solo cuestionó la actuación de Rocha Moya, sino también a los gobernadores de Morena que recientemente respaldaron al gobernador de Sinaloa en medio de las acusaciones que lo relacionan con figuras del narcotráfico. En su cuenta de la red social X (antes Twitter), el senador apuntó que el respaldo de estos mandatarios «legitima actos que deben investigarse a fondo».
El informe de la FGR también reveló que la fiscalía federal localizó la pista desde la que habría despegado el avión que transportó a «El Mayo» de Sinaloa a El Paso, Texas, pero no ofreció más detalles sobre la operación. Además, señaló que identificaron un inmueble donde se habrían llevado a cabo delitos como privación ilegal de la libertad, homicidios y desapariciones forzadas vinculadas al caso.
La FGR concluyó que la versión de los hechos presentada por la fiscalía de Sinaloa carece de elementos fidedignos y calificó como «inaceptable» la narrativa planteada por las autoridades locales. Esta situación ha profundizado la crisis de confianza en el gobierno de Rubén Rocha Moya y ha generado incertidumbre sobre el desenlace de este caso que involucra a figuras del crimen organizado en México.
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