La Iniciativa Privada (IP) ya trabaja en conjunto con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para fortalecer la inversión en infraestructura eléctrica en el próximo sexenio. Los empresarios buscan que la inversión pública en este sector ascienda al 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), una meta que duplicaría el porcentaje actual del 2.2 por ciento. La apuesta por energías limpias es uno de los principales enfoques de esta colaboración, que incluye la actualización de permisos para generación eléctrica que se han retrasado en la administración actual.
El plan, respaldado por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), pretende aprovechar el fenómeno del nearshoring, que podría impulsar la capacidad instalada de generación eléctrica en México.
Según datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, la falta de autorización de más de 30 proyectos de energía eólica en el sexenio que está por concluir ha frenado inversiones por hasta 10 mil millones de dólares, una situación que la nueva administración espera revertir.
La Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) también expresó preocupación por la caída en la inversión extranjera directa en el sector energético, que pasó de 7,600 millones de dólares en 2017 a solo 2,000 millones en 2023. En respuesta, la Concamin ha propuesto un mayor énfasis en la autogeneración y cogeneración eléctrica por parte del sector privado, dando prioridad a las energías renovables.
Durante su campaña, Sheinbaum se mostró abierta al diálogo con los empresarios, subrayando la importancia de la colaboración para alcanzar las metas energéticas del país. No obstante, enfatizó la necesidad de mantener un balance, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) produciendo el 56% de la energía y el sector privado el 44% restante.
Además de la infraestructura eléctrica, la IP ha propuesto la implementación de incentivos fiscales y la rehabilitación de las carreteras del país como prioridades para la nueva administración. La Concamin ha subrayado la importancia de contar con una red carretera adecuada para garantizar la viabilidad de nuevas inversiones, especialmente en estados menos atractivos para el capital privado. Esto es crucial en un contexto donde los recursos federales destinados a la conservación de infraestructura carretera han disminuido más del 50% entre 2019 y 2023.
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