La organización no gubernamental Foro Penal reportó este domingo que la cifra total de detenidos en las protestas poselectorales en Venezuela ha alcanzado los 1,503. Esta cifra representa un aumento de 87 encarcelamientos en comparación con el reporte anterior. Las protestas estallaron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador al presidente Nicolás Maduro, generando una ola de descontento y manifestaciones en todo el país.
El Foro Penal detalló que entre los detenidos se encuentran 129 adolescentes, 14 indígenas, 18 personas con discapacidades o enfermedades crónicas, y 200 mujeres. A pesar del número elevado de encarcelamientos, sólo 90 personas han sido liberadas hasta el momento, según el último informe. El gobierno venezolano, por su parte, ha informado que más de 2,400 personas fueron detenidas durante las manifestaciones, las cuales también resultaron en 25 muertes, según datos de la fiscalía.
Las denuncias por parte de familiares y organizaciones de derechos humanos señalan que a muchos detenidos se les han imputado cargos como terrorismo y se les ha denegado el acceso a una defensa adecuada por abogados privados. Estas acusaciones se suman a las críticas sobre las condiciones de detención y el proceso judicial, que se consideran violaciones a los derechos humanos.
El gobierno y la fiscalía acusan a la oposición de incitar a actos terroristas que han dañado infraestructuras públicas, incluidas sedes de partidos políticos, escuelas y hospitales. Además, el CNE ha afirmado haber sido víctima de un ataque cibernético el mismo día de las elecciones, un incidente que ha contribuido al escepticismo sobre el proceso electoral.
La falta de transparencia en el conteo y la publicación de resultados desagregados ha sido objeto de críticas internacionales. El Centro Carter, que participó como observador en los comicios, junto con 22 países y la Unión Europea, ha solicitado la «inmediata publicación de todas las actas originales» y una verificación «imparcial e independiente» de los resultados para asegurar la legitimidad del proceso.
La comunidad internacional ha exigido claridad sobre los resultados de las elecciones y la protección de los derechos de los ciudadanos detenidos. La demora en la verificación oficial de los resultados sigue siendo un punto de controversia, poniendo en duda la validez de los resultados anunciados oficialmente el 2 de agosto.
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