La reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca la elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces, requerirá un desembolso de al menos 8 mil 300 millones de pesos en indemnizaciones.
Este monto se destinará a cubrir los derechos laborales de los jueces y magistrados que actualmente se encuentran en funciones en todo el país, en caso de que la reforma sea aprobada y sean cesados de sus cargos.
A pesar de que la iniciativa del mandatario afirma que los cambios no tendrán un impacto presupuestal, las indemnizaciones constitucionales y legales necesarias para cesar a estos funcionarios representan un costo multimillonario. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha asegurado que no se requerirán nuevos recursos para implementar la reforma, sin embargo, este cálculo no contempla las obligaciones legales relacionadas con los derechos laborales de los servidores públicos.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) está compuesto por 447 Juzgados de Distrito, 409 Tribunales Colegiados, 43 Centros de Justicia Penal, 8 Plenos Regionales, un Tribunal Electoral con 7 Salas, además de la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal. En total, estos órganos emplean a 447 jueces y mil 227 magistrados, quienes, junto con los 11 ministros de la SCJN y otros magistrados electorales, tendrían derecho a una compensación económica significativa en caso de ser despedidos.
Se estima que la indemnización para los jueces, quienes perciben un salario mensual promedio de 337 mil 500 pesos antes de impuestos, asciende a 2 mil 62 millones de pesos. Para los magistrados, cuyo salario mensual es de 374 mil 200 pesos brutos, se necesitarían 6 mil 275 millones de pesos adicionales.
En conjunto, estas cifras totalizan 8,337 millones de pesos, sin incluir los ahorros voluntarios ni las compensaciones adicionales para los ministros de la Corte y los miembros del Consejo de la Judicatura.
Además, se estima que la organización de la elección popular de jueces, magistrados y ministros costaría alrededor de 3 mil 500 millones de pesos, según declaraciones del senador de Morena Ricardo Monreal. Con esto, el impacto presupuestal total de la reforma al Poder Judicial se elevaría a al menos 11 mil 800 millones de pesos, una cifra que podría aumentar al incluir las liquidaciones de funcionarios con más de 10 años de antigüedad y otros costos asociados.
La propuesta de reforma ha generado preocupación entre expertos y legisladores, quienes advierten que despedir a estos trabajadores sin pagarles lo que les corresponde no solo violaría la Constitución y las leyes, sino que también sería un acto arbitrario que afectaría a más de mil 600 personas con derechos adquiridos.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.