El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, intensificó su retórica contra la oposición, amenazando con encarcelar a figuras prominentes como María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia. «Esa gente tiene que estar tras las rejas y tiene que haber justicia», declaró Maduro, acusándolos de ser parte de un «plan del imperialismo».
En un giro significativo, Brian Nichols, jefe de la diplomacia estadounidense para el Hemisferio Occidental, afirmó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que el candidato opositor Edmundo González Urrutia derrotó a Maduro en las recientes elecciones.
Nichols validó las actas electorales compartidas por organizaciones de la sociedad civil y la oposición, alegando que el recuento oficial fue fraudulento. «Está claro que Edmundo González Urrutia derrotó a Nicolás Maduro por millones de votos», aseguró Nichols.
A pesar de estas declaraciones, Maduro prometió entregar «el 100% de las actas» de los cuestionados comicios y reiteró que los líderes opositores deben ser encarcelados. Mientras tanto, la opositora María Corina Machado y González Urrutia continúan denunciando fraude electoral y una escalada de represión que ha dejado al menos 11 civiles muertos y más de 1,000 detenidos.
El Congreso de Perú se sumó a las voces críticas, demandando al gobierno venezolano que acredite los resultados electorales con documentos verificables y bajo la supervisión de organismos internacionales como la OEA. Además, instaron a la comunidad internacional a tomar medidas para garantizar la paz y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.
La crisis se agravó con la expulsión de los diplomáticos argentinos de Venezuela, programada para este jueves. Esta medida, anunciada por el gobierno de Maduro, fue en respuesta a la postura de Argentina sobre las elecciones del pasado domingo. Los diplomáticos regresarán a su país vía Europa, dejando en incertidumbre la situación de seis opositores venezolanos asilados en la embajada argentina en Caracas.
En un desarrollo adicional, la OEA no logró aprobar una resolución que exigía a Venezuela la publicación inmediata de las actas electorales. La propuesta obtuvo 17 votos a favor, 11 abstenciones y cinco rechazos, destacándose las abstenciones de países como Brasil, Colombia y México, quienes habían pedido claridad sobre los resultados electorales.
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