En lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha denunciado a un total de 515 funcionarios por presuntos actos de corrupción, contrabando, tráfico de influencias y otros delitos. Estas denuncias involucran a 313 trabajadores operativos y 202 mandos medios, incluyendo directores de área, subdirectores y jefes de unidad.
Según información obtenida mediante una solicitud de transparencia por El Sol de México, el SAT ha presentado 296 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que las restantes fueron dirigidas al Órgano Interno de Control (OIC). De las denuncias ante la FGR, 122 están en proceso de integración y 174 han sido concluidas.
Los delitos más comunes cometidos por estos funcionarios incluyen la impresión ilegal de comprobantes, falsificación de documentos, ejercicio ilícito del servicio público y acceso ilícito a sistemas relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
A pesar de la envergadura de las denuncias, el SAT ha optado por no revelar los nombres de los implicados, argumentando que hacerlo podría afectar su presunción de inocencia y derechos fundamentales. Esto ha generado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y rendición de cuentas en el organismo.
Juvenal Lobato Díaz, profesor de Derecho Fiscal en la UNAM, señaló que la ausencia de denuncias contra altos mandos del SAT podría contradecir la narrativa del presidente López Obrador sobre la erradicación de la corrupción en todos los niveles del gobierno.
Desde enero de 2020 hasta marzo de 2024, sólo 37 funcionarios han sido sentenciados por estos delitos, enfrentando desde trabajo comunitario y multas hasta penas de prisión que van de seis meses a cuatro años.
Para Juan Pacheco del Río, director del despacho De la Paz-Costemalle, la denuncia pública de actos corruptos es crucial para disuadir futuros abusos y mejorar la transparencia gubernamental.
La falta de una «lista de transparencia» prometida por la administración anterior del SAT ha sido motivo de críticas y cuestionamientos adicionales sobre la efectividad de las medidas anticorrupción en el país.
La instrucción reciente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obliga al SAT a proporcionar información detallada sobre cada denuncia presentada, incluyendo nombres, cargos y delitos imputados, lo cual podría arrojar luz sobre la verdadera dimensión de la corrupción en el organismo.
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