Esta mañana, en su columna para Milenio Diario, la ministra Margarita Ríos-Farjat delinea una perspectiva crítica sobre la Reforma Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, actualmente en debate. Para la magistrada, es crucial distinguir entre una reforma que verdaderamente fortalezca el entramado de justicia y una que simplemente busque cambiar a los jueces actuales por otros electos popularmente.
Ríos-Farjat enfatiza que, si bien es indispensable mejorar el sistema judicial mexicano, la propuesta actual no aborda de manera efectiva problemas como la corrupción, la impunidad y la falta de sensibilidad en la administración de justicia. Según la ministra, la iniciativa en discusión se centra más en un cambio de actores que en ajustes procesales y estructurales necesarios para agilizar los juicios y mejorar la calidad de las decisiones judiciales.
La magistrada argumenta que la elección de jueces por voto popular no garantiza per se una mejor administración de justicia, comparando esta medida con situaciones donde la técnica y el conocimiento específico son esenciales, como en la operación de aviones o en procedimientos médicos complejos. Para Ríos-Farjat, la reforma debería enfocarse en fortalecer las capacidades institucionales y mejorar los procesos judiciales, en lugar de simplemente cambiar a los jueces por razones electorales.
Desde su perspectiva, la verdadera reforma judicial debería contemplar ajustes procesales que reduzcan la duración de los juicios, capacitar de manera continua a los profesionales del derecho y abrir espacios para la participación ciudadana en la administración de justicia. Propone, entre otras medidas, la creación de una Escuela de Formación Judicial que capacite a jueces locales y profesionales del sistema judicial en todo el país.
Ríos-Farjat también aboga por una mayor dimensión social de los jueces, proponiendo ajustes a la carrera judicial que incluyan trabajo comunitario obligatorio y la promoción de clínicas de asesoría jurídica gratuita en zonas desfavorecidas. Además, sugiere el uso más amplio de la tecnología y la inteligencia artificial en la gestión judicial, para mejorar la accesibilidad y la eficiencia del sistema.
Finalmente, la ministra llama a la reflexión sobre la importancia de una educación jurídica basada en principios humanistas y valores éticos, que fortalezca la comprensión ciudadana sobre el funcionamiento del sistema judicial y fomente una participación informada en los procesos judiciales.
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