La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó los resultados de 68 informes individuales de la Cuenta Pública 2023, revelando que el gobierno federal debe aclarar cuentas por un total de 563 millones 636 mil pesos. Esta cifra representa recursos cuyo destino y uso no han sido justificados adecuadamente, aunque se recuperaron 42 millones 996 mil pesos durante el proceso de auditoría.
El sector educativo presenta el mayor monto por aclarar, con 457 millones 767 mil pesos sin justificar. Le siguen la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) con 75 millones 641 mil pesos y Petróleos Mexicanos (Pemex) con poco más de 17 millones de pesos. Estas cifras evidencian la necesidad de una mayor transparencia y control en el uso de los recursos públicos.
En el contexto de la presentación de los informes, diputadas de Morena y del PAN criticaron la ausencia del auditor David Colmenares en la primera entrega de los informes individuales. Inés Parra y María Elena Pérez-Jaén reprocharon al presidente de la Comisión de Vigilancia, Pablo Angulo, por permitir esta ausencia, señalando opacidad y ocultamiento de recursos.
En respuesta, Colmenares, vía remota, defendió su gestión y aseguró que las observaciones se utilizan políticamente cada vez que hay un cambio de gobierno. Subrayó que esta es la primera de tres entregas de la Cuenta Pública 2023, y que las auditorías cubren una amplia gama de áreas, incluyendo cumplimiento, inversiones federales y tecnologías de la información.
De las 68 auditorías realizadas, 31 se dirigieron a entidades federativas, fiscalizando específicamente los recursos federales a través del Fondo de Aportaciones para Educación Tecnológica. Las restantes 37 auditorías se enfocaron en diversas dependencias y entidades paraestatales, evaluando la observancia de la normatividad y el cumplimiento de metas y objetivos.
Colmenares destacó que cada peso reintegrado a la Tesorería de la Federación forma parte de proyectos necesarios para las comunidades. También explicó que se realizaron auditorías de cumplimiento financiero para determinar el grado de observancia de la legislación y normatividad en las materias fiscalizadas.
La diputada Pérez-Jaén solicitó la destitución de Colmenares, acusándolo de falta de compromiso y opacidad. Criticó sus ausencias y viajes innecesarios, y señaló que los informes de auditoría se han convertido en documentos confusos y poco efectivos para la ciudadanía.
Por su parte, el PRI, a través del diputado José Luis Garza Ochoa, respaldó la transparencia y rendición de cuentas como herramientas para un México más honesto. Reconoció el trabajo de la ASF y exhortó a continuar con la fiscalización de los recursos públicos para prevenir y combatir la corrupción.
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