La Comisión de Gobernación del Senado de la República decidió posponer la discusión de la Ley General de Operaciones de los Registros Civiles, que permitiría a la Secretaría de Gobernación (Segob) concentrar los datos biométricos de todos los mexicanos. Todos los integrantes de la comisión votaron en contra de la propuesta, afirmando que no están listos para aprobar una iniciativa de tal magnitud.
Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación, explicó que la sesión fue convocada en respuesta a una orden judicial emitida por el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, tras un amparo promovido por el Instituto Nacional de Defensoría Pública. Sin embargo, Fernández Balboa expresó su desacuerdo con que el Poder Judicial dicte órdenes al Senado.
La votación para discutir el proyecto fue rechazada por unanimidad. Los senadores de Morena y sus aliados argumentaron que no permitirán que el Poder Judicial exceda sus facultades, mientras que los legisladores de la oposición señalaron que no están preparados para abordar el tema.
La senadora Eunice Romo criticó la orden del juez, afirmando que desconocía el funcionamiento del Senado. «El Poder Judicial no puede estar diciéndonos cómo hacer, en qué momento hacerlo. El juez que está obligándonos, o que quiere llevarnos a una votación, está excediendo sus facultades», declaró Romo.
Mónica Fernández Balboa añadió que el juez ha sido acusado de invadir atribuciones de otros poderes y que existe una queja formal en su contra ante el Consejo de la Judicatura, la cual aún no ha sido resuelta. «Hay una queja formal en su contra ante el Consejo de la Judicatura por su actuar faccioso en las atribuciones de otros poderes de la Unión, queja que además no se ha desahogado y está en el Consejo de la Judicatura», puntualizó Balboa.
El proyecto de Ley General de Operaciones de los Registros Civiles prevé la adopción de un Formato Único para el registro de población que incluya datos como nombre, sexo y género, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, CURP y datos biométricos. Además, obliga a la creación de un Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID) operado por la Segob, el cual podría ser consultado por dependencias y entidades del sector público, privado y financiero.
Organizaciones de la sociedad civil, como Artículo 19, han expresado su preocupación por la recolección, concentración, transferencia y uso de datos biométricos sin el consentimiento de los ciudadanos. Advierten que otorgar atribuciones para manejar estos datos es riesgoso, ya que pueden ser usados para vigilancia y perfilamiento, lo que representa una amenaza a la privacidad y los derechos humanos.
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