El Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México anuló la orden de aprehensión contra Carlos Ahumada Kurtz, emitida en 2009. El empresario argentino, naturalizado mexicano, estaba acusado de fraude por un monto de 30 millones de pesos, relacionado con un proyecto de obra para el Gobierno del Distrito Federal entre los años 2000 y 2005, bajo la administración del entonces jefe de gobierno y actual Presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Este viernes se publicó el acuerdo judicial que deja sin efecto la orden de aprehensión, gracias a un amparo otorgado por la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros. Esta jueza ha sido centro de controversias en el pasado por conceder amparos a personajes políticos de alto perfil, incluido Uriel Carmona, fiscal de Morelos, quien evitó ser extraditado a Estados Unidos gracias a un amparo similar.
Carlos Ahumada fue detenido el pasado 8 de junio en Panamá por una ficha roja de la Interpol, y posteriormente deportado a Paraguay. Sin embargo, no puede ser extraditado a México debido al amparo vigente y a que varios de los delitos que se le imputaban ya han prescrito. La compleja situación legal de Ahumada añade otra capa de incertidumbre a un caso ya cargado de polémica.
Ahumada, nacido en Córdoba, Argentina, en 1963, ha tenido una carrera variada en sectores como la minería, la construcción, el periodismo y el fútbol. Desde joven se vio obligado a trabajar para ayudar a su familia, lo que le llevó a establecer una carrera empresarial notable pero controvertida. Intentó comprar dos equipos de fútbol mexicanos, el Club León y Santos Laguna, aunque sin éxito.
En Argentina, Ahumada logró establecerse en el ámbito deportivo, siendo directivo de clubes como Talleres de Córdoba, Juventud Unida de San Luis y Estudiantes de San Luis. No obstante, su gestión estuvo marcada por problemas legales y disputas, reflejando un patrón de controversia que ha seguido su trayectoria.
Uno de los momentos más notorios en la carrera de Ahumada ocurrió en 2003, cuando grabó al secretario del jefe de Gobierno del Distrito Federal, René Bejarano, recibiendo grandes sumas de dinero. Este escándalo, conocido como el «videoescándalo», sacudió la política mexicana y marcó un punto crucial en la percepción pública de Ahumada.
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