La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz cuenta con un amparo que impide su detención en México. La FGR aclaró que, en el ámbito federal, no existe ningún asunto pendiente que justifique una orden de aprehensión contra él.
La orden de detención actual contra Ahumada, emitida en el fuero común por un delito de fraude y solicitada por el Gobierno de la Ciudad de México, no puede ejecutarse debido al amparo otorgado por un juez federal. Este amparo protege al empresario contra cualquier intento de detención por parte de las autoridades mexicanas.
No obstante, la FGR reveló que, según información obtenida de Interpol Panamá y de autoridades de Paraguay y Argentina, Ahumada violó su libertad procesal en Argentina. Como resultado, fue regresado a dicho país para enfrentar las presuntas violaciones a su situación legal y a diversas normativas migratorias en varios países.
Ayer, Milenio publicó que existe un procedimiento de extradición en curso a petición de las autoridades mexicanas. Esto se debe a que un juez federal en Argentina declaró homologado el delito de fraude genérico y avaló su entrega a México en diciembre de 2021. Sin embargo, Ahumada impugnó esta resolución, y el asunto fue turnado a la Corte Suprema de Argentina, la cual aún no ha emitido un fallo.
La alerta de Interpol para localizar y retener a Ahumada ha estado vigente por años. Tras su retención en Panamá, el gobierno mexicano no lo reclamó. En el fuero común, Ahumada enfrenta averiguaciones por presuntos delitos de fraude y uso indebido de documentos, en los que los agraviados son el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la ex jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles Berlanga.
Estas investigaciones continúan sin resolverse, ya que no se han agotado todas las diligencias necesarias. Fuentes cercanas al caso señalan que el mayor riesgo legal para Ahumada es el pronunciamiento de la Corte en Argentina. Este pronunciamiento podría determinar su extradición por un presunto fraude de más de 31 millones de pesos, relacionado con el incumplimiento de obras en las delegaciones Gustavo A. Madero y Tláhuac, programadas para realizarse entre 2002 y 2005.
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