El lema “Por el bien de todos, primero los pobres” marcó el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hace casi seis años. Si bien su administración incrementó el gasto social, redistribuyó los recursos de manera significativa. Mientras algunos de los más ricos comenzaron a recibir dinero que no necesitan, los más pobres vieron reducida su porción del gasto público y recibieron menos dinero que en gobiernos anteriores.
El cambio más destacado fue la implementación de un enorme beneficio de pensión «universal» para personas de la tercera edad en 2019, que amplió la cobertura sin tener en cuenta los ingresos previos. Esta medida, popular entre la población, ha duplicado la pensión federal existente y la ha extendido a personas que antes no calificaban, incluso a aquellos que ya recibían pensiones.
Sin embargo, este enfoque ha generado preocupaciones sobre su impacto en la distribución de la riqueza. Robert Greenstein, de la Brookings Institution, señala que los programas universales tienden a distribuir los beneficios de manera más escasa, exacerbando la pobreza y la desigualdad en lugar de abordarlas de manera más específica.
A pesar de las críticas, los programas sociales de López Obrador han sido populares, con alrededor de 28 millones de mexicanos beneficiándose este año. Incluso los candidatos de la oposición han prometido ampliarlos. No obstante, la pensión se ha convertido en el programa social más grande por presupuesto, superando a otros como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.
Aunque varios millones de personas han salido de la pobreza durante su mandato, factores más allá de los programas sociales han contribuido a este cambio. El aumento del salario mínimo y las remesas enviadas por los mexicanos en el extranjero son algunos ejemplos. Sin embargo, existen aproximadamente 400 mil mexicanos más en situación de pobreza extrema que al inicio del gobierno de López Obrador, según datos gubernamentales.
Este cambio en la distribución del gasto social es un tema importante a considerar en el contexto de las elecciones presidenciales, donde los candidatos debaten sobre el rumbo futuro de los programas sociales en México.
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