Una jueza del Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca modificó las medidas cautelares de ocho militares vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, permitiéndoles llevar su proceso en libertad condicional y exigiendo un pago de garantía de 100 mil pesos.
Raquel Duarte Cedillo, la jueza a cargo, decidió cambiar la prisión preventiva por la libertad condicional para los militares, quienes deberán acudir quincenalmente al juzgado y tienen restricciones, como la prohibición de salir del país y de acercarse al lugar de los hechos en Iguala, Guerrero, además de no poder comunicarse con víctimas y testigos.
Los militares liberados son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Roberto de los Santos Eduviges, Ramiro Manzanares Sanabria, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Juan Sotelo Díaz, Eloy Estrada Díaz y Uri Yashiel Reyes Lazos.
La decisión de la jueza se dio a pesar de las advertencias de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN) sobre el riesgo de fuga de los imputados. Sin embargo, la jueza consideró que la prisión preventiva no era la medida más idónea ni proporcional.
Organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), criticaron la sentencia, acusando a la jueza de utilizar un criterio parcial a favor de los militares. Además, señalaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha litigado en favor de sus elementos, lo que obstaculiza el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
El Centro Prodh afirmó que esta decisión refleja el excesivo poder militar sin contrapesos, lo que afecta la justicia y la búsqueda de la verdad en este caso emblemático que ha conmocionado a México y al mundo.
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