La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha validado la reforma a la Ley de Hidrocarburos propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en mayo de 2021. Esta medida, que había sido impugnada por senadores de la oposición mediante acción de inconstitucionalidad, endurece los requisitos para los permisos solicitados por empresas privadas y otorga facultades al gobierno federal para suspenderlos y ocupar temporalmente sus instalaciones.
Durante la sesión de este lunes, los ministros declararon que las nuevas disposiciones legales, como la suspensión de permisos por razones de seguridad nacional o energética, no contravienen los artículos constitucionales que ampliaron la participación de empresas privadas en el sector energético en 2014, con la reforma energética impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto.
El proyecto de aval fue liderado por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien explicó que la suspensión de permisos no implica una confiscación de bienes privados ni afecta la seguridad jurídica, sino que constituye una paralización temporal de actividades en inmuebles dedicados a la operación del permiso.
Pérez Dayán subrayó la validez de que las empresas estatales se encarguen de continuar las operaciones en casos de suspensión u ocupación temporal. Sin embargo, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena disintió, considerando que la suspensión de permisos equivale a una forma de expropiación indirecta.
La Corte también respaldó el artículo transitorio que establece la revocación automática de los permisos que no cumplan con los nuevos requisitos a partir de 2021. No obstante, Pérez Dayán aclaró que la revocación no será automática y se llevará a cabo un procedimiento administrativo en el que se dará audiencia a la empresa afectada.
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