En México, más de 32 millones de personas subsisten mediante el trabajo informal. Sin embargo, las leyes actuales no protegen a todos estos ciudadanos mexicanos. Incluso las recientes reformas para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar dejan fuera a los pequeños negocios y trabajadores informales. Por esta razón, en el Senado se ha destacado la necesidad apremiante de implementar políticas públicas que no solo regulen el sector informal, sino que también garanticen prestaciones laborales y un empleo digno, un derecho constitucional de todo mexicano.
Gerardo Cleto, parte del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar, criticó ampliamente la decisión de excluir al área informal y abogó por la construcción de un sistema de pensiones incluyente. Se ha exhortado a los encargados de formular las leyes a generar un marco normativo que confiera garantías a estos trabajadores que han sido desatendidos sistemáticamente por las administraciones precedentes.
El senador del PAN, Francisco Javier Salazar Saénz recalcó que los trabajadores con este estilo de trabajo contribuyen significativamente a la economía mexicana, sin embargo aún se tiene este estigma de ser “personas flojas”. Además, manifestó inquietud ante el eventual escenario en que las autoridades decidieran apoderarse de los fondos acumulados en cuentas que han permanecido inactivas, enfatizando la importancia de comunicar con transparencia de dónde vienen los recursos.
Rubén López Malo agregó que el derecho a la jubilación debería ser universal y no solo para el sector formal, y de la misma forma propuso soluciones y políticas para iniciar una formalización de la informalidad en el país.
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