En su informe anual de Derechos Humanos, Estados Unidos señaló la falta de investigación y enjuiciamiento en la mayoría de casos criminales en México, incluyendo homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones. Esto ha contribuido a mantener altos niveles de violencia y explotación en el país.
El Departamento de Estado estadounidense identificó como principales problemas en materia humanitaria los homicidios, la tortura, las detenciones arbitrarias, el narcotráfico, la violencia de género y la violencia contra el colectivo LGTBIQ+. Además, resaltó la continuación de la complicidad entre organizaciones dedicadas al tráfico de personas y autoridades locales.
El informe también destacó las restricciones a la libertad de expresión en México, con políticos, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, desacreditando y criticando públicamente a periodistas. Se señaló además acusaciones de abusos sexuales por parte de las autoridades durante detenciones y encarcelamientos.
Aunque se reconocieron algunas medidas tomadas por el gobierno para identificar y castigar a funcionarios responsables de abusos contra los derechos humanos, el informe recogió denuncias de ONG sobre descrédito a su trabajo por parte de autoridades mexicanas.
En respuesta, el presidente López Obrador rechazó el informe, calificándolo de «bodrio» y acusando al Departamento de Estado de injerencia en la vida pública de México. Afirmó que en su gobierno se garantiza la libertad de expresión y negó la comisión de torturas o masacres, desestimando las críticas contenidas en el informe.
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