El Grupo Parlamentario del PT en el Senado ha presentado una iniciativa para garantizar el acceso a la energía eléctrica y proponer subsidios del 50 por ciento en el costo del servicio para grupos vulnerables. Las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre y Cora Cecilia Pinedo Alonso, junto al senador Joel Padilla Peña, buscan reformar el artículo 4 de la Constitución Política para incluir este derecho fundamental.
La propuesta argumenta que, a pesar de los esfuerzos del Estado mexicano, más de un millón de personas carecían de acceso a la electricidad en 2021, siendo Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Jalisco y Guerrero los estados más afectados. En muchas comunidades, el acceso a este servicio ha sido una espera de décadas, debido a la falta de infraestructura o la pobreza.
La falta de acceso a la electricidad afecta diversas necesidades básicas, como la refrigeración de alimentos, el acceso a medios de comunicación y la posibilidad de estudiar por las tardes, especialmente para aquellos en situación de pobreza extrema. Además, las madres solteras, que a menudo tienen salarios más bajos que los hombres, luchan por costear este servicio.
Las personas con discapacidad y los adultos mayores también se ven afectados por la falta de acceso a la electricidad, ya que muchos dependen de dispositivos médicos que requieren energía eléctrica continua. Esta iniciativa busca reconocer la electricidad como un derecho humano, especialmente para aquellos que la necesitan para mantener su salud y bienestar.
Los legisladores del PT enfatizan que estas personas utilizan la electricidad por necesidad, no por lujo, y que los costos asociados a la atención médica hacen que las tarifas eléctricas sean prácticamente impagables para ellos. Por lo tanto, proponen subsidios para aliviar esta carga económica y garantizar un acceso equitativo a este servicio esencial.
La iniciativa ha sido turnada para su análisis a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, donde se espera que se discuta y evalúe su viabilidad para garantizar el acceso equitativo a la energía eléctrica en México.
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