Este martes, diversos colectivos ciudadanos se congregaron frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) para lanzar una campaña de recaudación de firmas y entregar una petición al Gobierno, con el objetivo de poner fin a los apoyos económicos destinados a migrantes deportados.
La líder de activaciones presenciales de la plataforma Actívate, Marisol Hernández, en una declaración a EFE, informó que hasta el momento han recolectado alrededor de 1,900 firmas ciudadanas en la plataforma web que agrupa varias iniciativas de grupos conservadores y de derecha.
El propósito principal de esta petición es establecer un diálogo con el Gobierno en relación con lo que han calificado como una «decisión precipitada» de proporcionar 110 dólares mensuales durante seis meses a los migrantes venezolanos con la intención de facilitar su retorno a su país de origen, según detalló Hernández.
«El problema radica en que estos recursos son de origen mexicano, y en la actualidad existen numerosas necesidades dentro de nuestro país, tales como el tratamiento del cáncer de mama y otras preocupaciones relacionadas con la salud que necesitan atención prioritaria», expresó.
Además, Hernández agregó que estarán vigilantes para asegurar que estos gastos sean debidamente registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia, y que se demuestre que realmente están beneficiando a las personas destinatarias.
«Aunque esta iniciativa es reciente, nos gustaría tener claridad sobre la fuente de financiamiento de estos recursos, ya que estamos hablando de una cantidad considerable de dinero del cual no se ha especificado su procedencia», puntualizó la representante de la plataforma.
La carta entregada en las oficinas de la SRE, dirigida a la secretaria Alicia Bárcena, contiene las firmas «de ciudadanos preocupados, que expresan su inquietud y descontento con respecto a este financiamiento».
«Es evidente que México enfrenta una situación compleja con la llegada masiva de migrantes, sin embargo, debemos buscar soluciones que no generen un gasto adicional para los mexicanos», reza la petición.
Asimismo, enfatiza: «Nuestros impuestos deberían ser destinados a priorizar a nuestros ciudadanos antes que a los migrantes».
El plan del Gobierno mexicano de proporcionar 110 dólares mensuales a migrantes deportados de Venezuela, Colombia y Ecuador durante seis meses, como parte de un programa social de prácticas profesionales, ha generado controversia desde su anuncio a finales de marzo por parte de la titular de la SRE.
Padres de familia y habitantes de la frontera sur de México han cuestionado que estos fondos no se destinen a apoyar a familias que viven en condiciones de pobreza, así como a niños que enfrentan dificultades para acceder a la educación en la región.
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