La Cámara de Diputados aprobó con 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones –así como 96 ausentes– la prohibición de las terapias de conversión, también conocidas como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig). Esta minuta, que reforma el Código Penal Federal y adiciona un artículo a la Ley General de Salud, establece sanciones penales para quienes practiquen estas terapias, que pretenden cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas.
La iniciativa, impulsada por las senadoras Minerva Citlalli Hernández Mora de Morena, Alejandra Lagunes Soto Ruiz de PVEM y Patricia Mercado Castro de Movimiento Ciudadano desde octubre de 2018, recibió finalmente luz verde en la Cámara de Diputados después de ser aprobada en octubre de 2022 en el Senado. Esta medida cuenta con el respaldo de diversos partidos políticos, incluyendo Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, quienes argumentan que estas terapias vulneran el libre desarrollo de la personalidad y pueden causar daño psicológico.
La prohibición de las terapias de conversión no solo implica su veto a nivel nacional, sino también la imposición de sanciones que van desde dos a seis años de prisión, además de multas económicas, para quienes las realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien. Estas penas se duplicarán si las víctimas son menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores.
La diputada Salma Luévano de Morena enfatizó que la reforma no prohíbe los tratamientos psicológicos de acompañamiento para personas LGBTQ+, sino que busca evitar cualquier acción que restrinja o suprima su orientación sexual o identidad de género. La legislación busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y proteger a quienes han sido víctimas de estas prácticas discriminatorias.
A pesar de la aprobación mayoritaria, hubo voces disidentes, como la del diputado Gabriel Quadri del PAN, quien argumentó que la medida criminaliza a padres de familia, médicos y otros profesionales que intenten orientar a jóvenes conforme a valores familiares y personales. Sin embargo, la mayoría de los legisladores coincidieron en que estas terapias son una violación de los derechos humanos y representan un grave riesgo para la salud mental y física de quienes las sufren.
En general, los votos en contra vinieron de la bancada de Acción Nacional, con 94, ocho ausencias, dos abstenciones, y un voto a favor; el PRI aportó ocho votos en contra, 26 ausencias, 11 votos a favor y 14 abstenciones; finalmente, los diputados sin partido, Laura Lynn Fernández Piña y Claudia G. Olvera Higuera, votaron en contra.
Recibe esta y mucha más información a través de Whatsapp. Envía un ‘Hola’ aquí.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.