El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Éctor Jaime Ramírez Barba, ha tomado una medida contundente en respuesta a un flagrante caso de negligencia en el sector de la salud. En una conferencia de prensa celebrada hoy en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ramírez Barba anunció la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, dirigida contra altos directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar (IMSS-BIENESTAR) y la Secretaría de Salud, por el lamentable desperdicio de medicamentos oncológicos.
Esta acción responde a una serie de omisiones y errores administrativos que han resultado en la caducidad de 177 mil 613 piezas de medicamentos oncológicos destinados a pacientes del Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC) y otros hospitales en la región. De estos, 11 mil 656 ya han superado su fecha de vencimiento y 33 mil 891 presentan una vida útil críticamente reducida, poniendo en peligro la vida de miles de pacientes, incluyendo niños, que dependían de estos tratamientos para combatir el cáncer.
A través de sus redes sociales, Ramírez Barba destacó la negligencia en la gestión de los insumos que pone en peligro la vida de pacientes, y exige sanciones y medidas correctivas para evitar repetición.
La denuncia interpuesta por el diputado Ramírez Barba se dirige específicamente contra Alejandro Calderón Alipi, Director del IMSS-BIENESTAR, y Jorge Carlos Alcocer Varela, Secretario de Salud del Gobierno Federal, así como otros funcionarios implicados en este grave fallo administrativo y de gestión. Se ha argumentado una falta de eficiencia en la gestión y distribución de los medicamentos, junto con una violación a la Ley General de Salud y los principios constitucionales que rigen el derecho a la protección de la salud en México.
En palabras del diputado, quien es también médico y Secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, esta situación refleja una «falta de coordinación, planeación y previsión alarmante», con consecuencias directas en la disponibilidad de tratamientos oncológicos a lo largo del sexenio. El guanajuatense cuestionó el costo humano de una administración deficiente, señalando la necesidad urgente de una investigación exhaustiva y sanciones proporcionales.
El PAN exige no solo la aplicación de sanciones disciplinarias correspondientes, sino también la reparación del daño a los afectados y la garantía de que tales incidentes no se repitan. Esto implica revisar y fortalecer los procesos de adquisición y gestión de inventarios de medicamentos, implementar sistemas de seguimiento y control más efectivos, y actualizar protocolos para cumplir con las regulaciones sanitarias.
La respuesta de la Fiscalía General de la República a esta denuncia será crucial para restaurar la confianza en el sistema de salud y asegurar justicia y reparación para los afectados. En última instancia, este caso subraya la importancia de una gestión transparente y responsable en el suministro de medicamentos, así como la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los pacientes a un tratamiento médico adecuado y efectivo.
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