La propuesta de reducción de jornada laboral en México enfrenta cierta resistencia empresarial. La posible reforma, que busca establecer dos días de descanso obligatorio para los trabajadores, generaría un impacto económico considerable. La mayoría de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, carecen de la estructura necesaria para implementarla sin afectar sus finanzas.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 72 por ciento de los establecimientos productivos en México son pequeñas y medianas empresas (PyMes), lo que significa que la reducción implicaría un aumento en los costos laborales, ya sea por la contratación de más personal o el pago de horas extras.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) argumenta que la iniciativa llega en un momento inoportuno, con las empresas aún recuperándose de las pérdidas causadas por la pandemia y enfrentando crecientes costos laborales.
Además, la ampliación de los periodos vacacionales ya aprobada en 2022 incrementó las cargas para las empresas. La Concamin advierte que la reducción de jornada podría llevar al cierre masivo de micro y pequeñas empresas, generando desempleo en lugar de beneficios para los trabajadores.
Esta postura refleja la preocupación del sector empresarial por los posibles efectos negativos en la economía y el empleo, en un momento crucial para la recuperación económica del país.
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