La diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa que busca reformar la Ley General de Salud, específicamente en lo relacionado con la salud reproductiva de las mujeres, a fin de prohibir la venta y suministro de medicamentos que puedan poner en riesgo la salud reproductiva femenina, con un listado que sería divulgado por la Secretaría de Salud.
La propuesta de reforma se centra en modificar el artículo 69 y agregar el artículo 69 Bis de la Ley General de Salud, estableciendo sanciones para aquellos que infrinjan esta disposición, independientemente de la responsabilidad penal que puedan tener. La diputada destaca que el objetivo principal de esta iniciativa es prevenir que medicamentos dañinos para la salud reproductiva de las mujeres estén al alcance público sin la información adecuada.
«En la actualidad, el aborto autoprovocado con medicamentos, en especial el misoprostol, es de fácil acceso y ampliamente utilizado, sin contar con la suficiente información tanto para las mujeres como para los profesionales de la salud y empleados de farmacia», apunta la diputada en su exposición de motivos.
Asímismo, la legisladora señala la escasez y deficiencia de información, subrayando que no todos los abortos de este tipo son completos y que la falta de supervisión de profesionales capacitados puede tener consecuencias graves.
La iniciativa, que ha sido remitida a la Comisión de Salud, destaca la importancia de garantizar, respetar y promover la información en salud y la igualdad de género. Gutiérrez Valdez advierte sobre el riesgo real en el que se encuentran las mujeres debido a la falta de actualización y proporcionar información para proteger sus derechos en salud reproductiva.
La propuesta también enfatiza la situación de las mujeres indígenas en diversas regiones, que a menudo reciben menos servicios e información sanitarios y de salud reproductiva, exponiéndolas a situaciones de violencia física y sexual, y a una doble discriminación.
Datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos revelan que 3.9 millones de adolescentes se someten a abortos inseguros cada año en países en desarrollo, contribuyendo al 8 por ciento de la mortalidad materna entre 2003 y 2012.
La iniciativa propuesta por la diputada Gutiérrez Valdez destaca la necesidad de abordar de manera integral la regulación de medicamentos que afectan la salud reproductiva, con especial énfasis en la información y servicios para mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad. El Estado mexicano, subraya, no debe ser omiso ante las consecuencias que puedan afectar a mujeres y adolescentes, abogando por una regulación informada y equitativa en este aspecto crucial de la salud pública.
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