En un esfuerzo por garantizar el ejercicio de los derechos humanos y respetar el principio de presunción de inocencia, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado la realización de votación anticipada para personas en prisión preventiva -sin sentencia condenatoria- durante el próximo Proceso Electoral Concurrente 2023-2024. La votación se llevará a cabo del 6 al 20 de mayo de 2024.
La Comisión del Registro Federal de Electores dio luz verde, por unanimidad, a los «Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva» (LNEPP).
Estos lineamientos definirán la elegibilidad de las personas reclusas para participar en la elección de la Presidencia de la República, así como en los comicios locales de Chiapas y de la Ciudad de México (Gubernatura, Jefatura de Gobierno, diputaciones, ayuntamientos y alcaldías, respectivamente).
En Hidalgo, la votación se limitará a diputaciones locales y municipalidades, ya que estas entidades ya tienen regulada la modalidad de sufragio en prisión.
La aprobación de los lineamientos, configurados como actos interinstitucionales preparatorios para la conformación de la LNEPP, contó con el voto afirmativo de las Consejeras Carla Humphrey Jordan y Norma De la Cruz Magaña, así como de los Consejeros Arturo Castillo Loza y Jaime Rivera Velázquez.
De acuerdo con los Lineamientos, las autoridades de las secretarías de Seguridad Pública, tanto federales como locales, deben proporcionar, antes del 31 de diciembre de 2023, una base de datos de las personas recluidas sin sentencia condenatoria. Esta información se verificará para identificar casos no inscritos en el Padrón Electoral y/o en la Lista Nominal de Electores.
Además, se requiere la entrega de una ficha de registro y/o antropométrica de las personas en prisión preventiva, la cual se utilizará para la comprobación de huellas digitales y la fotografía correspondiente.
Para participar en las elecciones del próximo año, las personas recluidas deberán cumplir con requisitos específicos, como estar inscritas en la Lista Nominal de Electores y no tener suspendidos sus derechos político-electorales por sentencia condenatoria.
Además, deben encontrarse bajo prisión preventiva en un centro penitenciario del territorio nacional designado para el ejercicio del voto y expresar su intención de sufragar mediante la presentación de una solicitud individual de inscripción.
Este proyecto de acuerdo será sometido a la consideración del Consejo General del INE para su aprobación correspondiente. Con esta medida, el INE busca garantizar la participación democrática de un sector de la población que, a pesar de su situación legal, conserva el derecho fundamental de contribuir en la elección de sus representantes.
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