La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, admitió este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que México y otros países de la región enfrentan una situación de emergencia debido al tráfico de armas de fuego. En una audiencia, Bárcena solicitó a la CIDH medidas más estrictas para regular la venta ilegal de armas por empresas privadas y abogó por la reparación del daño a las víctimas.
«Nos encontramos ante una situación de emergencia, compartida por varios países de la región, que debe ser atendida y que debe enfocarse en el papel que tienen los actores privados en potenciar las posibles violaciones de derechos humanos», declaró la canciller.
Alicia Bárcena destacó que, en México, se trafican ilegalmente alrededor de 200 mil armas de fuego cada año, un fenómeno transfronterizo que alimenta al crimen organizado. Subrayó la falta de prácticas que aseguren la trazabilidad de las armas y eviten su desvío hacia segundos propietarios por parte de las empresas fabricantes y distribuidoras en el continente americano.
La funcionaria resaltó el impacto negativo de la violencia armada en grupos vulnerables, incluyendo mujeres, niños, adolescentes y la comunidad LGBTQ+. En la audiencia, pidió a la CIDH pronunciarse sobre los recursos que los Estados deben incorporar para garantizar que las víctimas de estas prácticas negligentas o intencionales tengan acceso a recursos judiciales para la reparación del daño causado.
Asimismo, expresó su confianza en que la CIDH pueda emitir una resolución que evite el tráfico de armas en la región y señaló directamente a las empresas de armas, acusándolas de ignorar medidas para prevenir que sus productos lleguen a grupos delictivos.
«El Estado mexicano solicita a la Corte Interamericana que se pronuncie sobre la posibilidad de que las actividades, ya sean negligentes o intencionales, de las empresas de armas puedan derivar en vulneraciones a los derechos humanos», declaró Bárcena.
La canciller subrayó que la violencia armada no es exclusiva de México y señaló que Bolivia, Colombia y Costa Rica también han expresado preocupación por la venta ilegal de armas en la región.
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