Al interior del Gobierno mexicano, se está llevando a cabo una intensa lucha de poder y cabildeo para determinar quién controlará los recursos destinados a la reconstrucción de Acapulco, la ciudad costera que fue devastada recientemente por el huracán Otis.
El General Luis Crescencio Sandoval, líder de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y el Almirante Rafael Ojeda, Secretario de la Marina, están en el centro de esta controversia, examinando de cerca un fondo de 18 mil millones de pesos que la Secretaría de Hacienda tiene disponible para eventos de este tipo.
Independientemente de quién se adjudique el control de estos fondos, se ha planteado que los recursos se destinarán a la seguridad nacional, lo que permitiría convocar licitaciones restringidas y mantener un alto grado de opacidad en el proceso de reconstrucción, siguiendo un patrón no muy distinto al observado en proyectos como el Tren Maya o el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AIFA).
Este movimiento estratégico destaca un aspecto audaz de lo que muchos consideran la militarización creciente del Estado mexicano. En este contexto, se ha visto el surgimiento de una casta empresarial con fuertes conexiones en las altas esferas militares, que ha conseguido lucrativos negocios durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde el pasado martes, Acapulco se ha convertido en el objetivo de estos proveedores privilegiados, algunos de los cuales mantienen estrechas relaciones con el General Salvador Cienfuegos. Es importante recordar que el presidente López Obrador recientemente reconoció a Cienfuegos, lo que generó consternación en la ala más extrema de su propia administración.
Los argumentos en favor de que los militares asuman el control de estos recursos se basan en la preocupación de que la reconstrucción no puede ser confiada a un gobierno prácticamente intervenido por el crimen organizado, como se argumenta que es el caso del gobierno de Evelyn Salgado y su padre, Félix Salgado.
Esta controversia plantea cuestiones críticas sobre la militarización de las tareas civiles en México y su impacto en la transparencia y la rendición de cuentas en proyectos de gran envergadura, como la reconstrucción de Acapulco.
El desenlace de esta lucha de poder tendrá un impacto significativo en la forma en que se gestionan los recursos para la recuperación de la ciudad costera y en la relación entre el poder militar y el poder civil en el país.
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