En una marcada tendencia al alza, altos mandos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) están tomando las riendas de 14 de las 32 secretarías de seguridad pública en los estados mexicanos, según datos recientes del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Este fenómeno ha experimentado un aumento significativo en comparación con cifras anteriores. En 2021, el 23.5% de las secretarías de seguridad estatales estaban bajo el mando de militares o marinos, cifra que se elevó al 32.3% en 2022 y ahora se sitúa en un marcado 43.75% para el año en curso.

Los estados actualmente bajo control militar son Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, todos gobernados por Morena o sus aliados.
De los secretarios en funciones, ocho provienen de la Secretaría de Marina y seis de la Defensa Nacional, evidenciando una creciente militarización de las estructuras de seguridad pública en el país.
Expertos en seguridad, como Bernardo León Olea, señalan que estas cifras no solo confirman la militarización, sino también la centralización de la seguridad pública. León Olea sostiene que existe una confianza ciega en los militares, especialmente en los gobiernos de Morena, lo que sugiere una subordinación de las secretarías estatales al gobierno federal.
David Sacucedo, especialista en el tema, va más allá al afirmar que esto no es casualidad, sino una operación política del gobierno federal para consolidar el control militar en las secretarías de seguridad pública estatal, incluyendo a la Guardia Nacional.
Un ejemplo paradigmático de esta tendencia es Sinaloa, donde desde 2017 la Secretaría de Seguridad Pública ha estado ocupada por mandos militares, siendo el actual secretario el general de división en retiro Gerardo Mérida Sánchez.
En Veracruz, el titular de Seguridad, el capitán de navío Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, tuvo que recibir una dispensa para asumir el cargo, evidenciando la flexibilidad de las normas locales ante esta militarización.
La situación se repite en otros estados con figuras como el capitán de navío Luis Alfredo Cancino Vicente en Baja California Sur y el general de brigada Arturo Medina Mayoral en Zacatecas.

En los pocos estados donde la seguridad sigue en manos civiles, destaca la presencia de cuatro mujeres al frente de estas secretarías: Campeche, Chiapas, Coahuila y Sonora. En Chiapas, Gabriela del Socorro Zepeda Soto lidera la seguridad en medio de desafíos significativos, mientras que en Coahuila y Sonora, Sonia Villarreal Pérez y María Dolores del Río, respectivamente, aportan una perspectiva más política que policial a sus funciones.
El aumento de la presencia militar en la seguridad pública plantea preguntas críticas sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y la autonomía estatal, dejando a la sociedad en la encrucijada de definir los límites entre la protección y la participación militar en asuntos civiles.
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