Históricamente, las mujeres han enfrentado diversas formas de violencia, especialmente cuando salen de sus hogares para estudiar, trabajar o realizar cualquier actividad. Las estadísticas nos recuerdan que cada día en México se registran 11 asesinatos y 7 desapariciones de mujeres. Además de estos trágicos eventos, muchas de mujeres también han violencia física, verbal y sexual en las calles y en el transporte público.
Por esta razón, existe una demanda social para luchar y asegurar una ciudad libre de violencia para todas las niñas y mujeres. Esta es una causa común que va más allá de afiliaciones políticas y diferencias personales. En este momento, las mujeres se apoyan mutuamente, se protegen y se cuidan. La sororidad es su fuerza para cerrar cualquier brecha que intente separarlas.
La violencia de género en el transporte público es una realidad constante que vulnera el derecho de las mujeres a una movilidad segura, afectando así su capacidad de acceder a otros derechos como el trabajo, la salud y la educación.
A diario, muchas mujeres en la Ciudad de México se ven obligadas a tomar decisiones estratégicas sobre qué vestir, qué ruta tomar y a qué hora trasladarse, todo debido a la posibilidad de ser víctimas de violencia en el transporte público. Esta realidad limita nuestra libertad, ya que deben tomar medidas preventivas para evitar situaciones de violencia. Viven con el miedo como un compañero silencioso, resultado de la desigualdad de género, la violencia y la discriminación.
En su papel como Diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, Tania Larios ha presentado una propuesta de reforma y adición a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta propuesta, la cual ha sido aprobada y ahora es ley, busca combatir la inseguridad y la violencia que millones de mujeres enfrentan diariamente en el transporte público. De esta forma, considerará la Violencia en la Comunidad como un delito castigado con uno a tres años de prisión.
Un estudio de la ONU Mujeres México publicado en 2018 reveló que el 96.3 por ciento de las mujeres que transitan por la capital han sufrido algún acto de violencia sexual en el transporte o espacios públicos a lo largo de sus vidas, un 88.5 por ciento en el último año. En el 72.2 por cientode los casos, las mujeres estaban solas cuando ocurrió la agresión.
Es crucial reconocer que los ataques a mujeres en el transporte público constituyen violencia de género, y no solo afectan la paz social, sino también la dignidad de las personas. Esta violencia, en su mayoría de naturaleza sexual, debe ser sancionada conforme al Artículo 179 del Código Penal del Distrito Federal.
Para garantizar el bienestar de nuestra comunidad, es imperativo contar con un transporte público seguro para todas las mujeres. Esto no solo promueve el acceso a oportunidades de estudio y trabajo, sino que también reduce la brecha de género en áreas como la salud física y mental.

La iniciativa aprobada por unanimidad en el Congreso será un paso significativo hacia la meta de asegurar una vida libre de violencia para niñas y mujeres. Además, enviará un mensaje claro de que los agresores no quedarán impunes y que la justicia protegerá los derechos de todas las mujeres para que podamos vivir sin miedo en la Ciudad de México.
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