La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) subraya la responsabilidad de los diputados en garantizar la asignación adecuada de recursos para sectores clave como educación, salud y seguridad en el país. Advierte sobre el riesgo de que el monto de endeudamiento propuesto por la administración para el próximo Ejercicio Fiscal exceda lo destinado a inversión pública.
En su comunicado, la Coparmex expresa su preocupación por el notorio incremento en el déficit público previsto para financiar el proyecto de presupuesto propuesto por el Gobierno Federal. Destaca la importancia de que los legisladores realicen una revisión exhaustiva de los montos de endeudamiento planteados.
El sindicato patronal hace un llamado urgente a los legisladores para que respeten los presupuestos presentados por el Poder Judicial, así como los de los órganos autónomos como el INE y el INAI. Enfatiza que es imperativo no poner en riesgo las elecciones de 2024 ni debilitar la democracia.
En el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, se observa una estimación de menores ingresos y un aumento en el gasto, resultando en un déficit presupuestario del 4.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), superando el 3.3 por ciento estimado para el cierre de este año. La Coparmex destaca que el techo de deuda propuesto (1.9 billones) sobrepasa lo planeado para inversión pública (1.1 billones).
La inversión pública experimenta una disminución del 11 por ciento en el proyecto, con una asignación de 888 mil millones de pesos para inversión física. Esto representa una reducción del 23 por ciento respecto a lo aprobado en 2023 y equivale al 2.6 por ciento del PIB, destinando cerca del 15 por ciento de este presupuesto al proyecto del Tren Maya.
Otro punto crítico para la Coparmex es la escasa atención al gasto destinado a impulsar el desarrollo económico del país, ya que el presupuesto de la Secretaría de Economía se mantiene estancado, con un crecimiento real del 0 por ciento.
La Coparmex enfatiza que para lograr un México con Desarrollo Inclusivo, es esencial que el Gobierno priorice la inversión en salud, educación y seguridad pública.
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