La violencia que prevalece en México no solo afecta a la vida de millones de ciudadanos, sino también a sectores cruciales para la economía del país, como el agrícola. Recientemente, se ha dado a conocer que el estado de Michoacán enfrenta problemas en la producción de limón debido al crimen organizado y las extorsiones que los productores están sufriendo.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Michoacán ha informado que, de los siete municipios en el estado dedicados a la producción de limón, solamente Apatzingan ha dejado de trabajar, lo que equivale al 22 por ciento de la producción total del estado.
Según cifras oficiales de la Sader, municipios como Buenavista, Múgica, Parácuaro, Tepalcatepec, Aguililla y La Huacana continúan operando normalmente, lo que representa una producción anual de 663,153 toneladas de limón. En el caso de Buenavista, se generan 286,000 toneladas del fruto.
Actualmente, el precio del kilo de limón se encuentra alrededor de 30 pesos, pero en estados como Jalisco se ha reportado un precio de hasta 68 pesos. De acuerdo con Dalia Rojas, periodista de Milenio Noticias, quien entrevistó a comerciantes de limón, el paro en Apatzingan no afectará significativamente la distribución, ya que existen otras regiones en el país donde se produce el fruto. Factores como el clima y la demanda tienen un impacto directo en la distribución y el precio.
En el marco del Plan Agronómico Integral Estratégico en el Sector Citrícola Nacional, autoridades federales y estatales entregaron 20,000 plantas de limón mexicano a productores de diferentes municipios. Estas plantas provienen del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y se espera que aumenten el rendimiento de la producción por hectárea.
Las autoridades de Sader Michoacán trabajan en la certificación de la producción de limón con estándares internacionales, así como en el control de plagas y enfermedades sin el uso de productos tóxicos. También están explorando esquemas de financiamiento para tecnificar el riego y reducir el intermediarismo en la venta del producto, beneficiando a los consumidores y productores.
El gobierno federal ha destinado 600,000 millones de pesos para programas sociales con el objetivo de abordar los problemas que afectan a los productores, incluida la inseguridad, como afirmó el representante de la Secretaría del Bienestar.
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