En una inusual medida que ha generado una intensa controversia política, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que está preparando una denuncia contra el juez Martín Santos Pérez, quien recientemente emitió una serie de resoluciones que limitan la capacidad del presidente para mencionar a la senadora Xóchitl Gálvez en sus conferencias matutinas.
La medida del juez, que ha sido considerada por algunos como un intento de censura y por otros como un paso necesario para abordar acusaciones de violencia de género, ha intensificado aún más las tensiones en un ambiente político ya caldeado.
El juez Santos Pérez aceptó el amparo presentado por Xóchitl Gálvez, lo que resultó en la orden de que el presidente se abstenga de mencionar públicamente a la senadora durante sus conferencias en Palacio Nacional. Además, esta orden llevó a la eliminación de los videos de varias de las transmisiones de las conferencias a principios del mes de julio.
La medida del juez también incluyó instrucciones para frenar la entrega de información sobre la senadora por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La respuesta del presidente no se hizo esperar. Durante su conferencia matutina, el mandatario anunció que planea enviar un escrito formal al Consejo de la Judicatura en el que denunciará al juez Santos Pérez por su «actitud sectaria, injusta y politiquera».
En este contexto, el presidente calificó las acciones del juez como una «malicia efectiva» y afirmó que su participación en este asunto ha sido parcial y sesgada.
En la misma conferencia, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se unió a las críticas hacia el juez. Alcalde señaló que el juez ha tomado decisiones previas que han ido en contra de los intereses de la Cuarta Transformación.
Entre estas resoluciones, mencionó la prohibición del uso de dibujos en productos chatarra y decisiones relacionadas con las Fuerzas Armadas y la venta de cigarrillos electrónicos.
La secretaria de Gobernación fue más allá al afirmar que el juez Santos Pérez está socavando la democracia al permitir que este amparo silencie al presidente en sus comunicaciones públicas.
La situación continúa desarrollándose a medida que las reacciones políticas y las implicaciones legales se entrelazan en un contexto en el que la atención pública está firmemente centrada en la relación entre el poder judicial y el ejecutivo.
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