La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha registrado un total de 98 expedientes de quejas contra la Guardia Nacional por presuntos tratos crueles e inhumanos, detenciones arbitrarias, intimidación y tortura en la Ciudad de México, desde 2018 hasta marzo de 2023.
Estas quejas se presentaron después de que se promulgara la Ley de la Guardia Nacional en mayo de 2019, con el objetivo de reemplazar a la Policía Federal y llevar a cabo labores de seguridad pública en todo el país. Durante ese período, la CNDH abrió tres expedientes por hechos violatorios en la capital.
Las quejas presentadas incluyen casos de trato cruel, inhumano o degradante, así como violaciones a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones. También se denunciaron detenciones arbitrarias, intimidación y presunta tortura.
La CNDH señaló que actualmente hay un expediente en trámite por presunta tortura en la alcaldía Miguel Hidalgo. Además, se ha localizado un total de 147 expedientes de presuntas violaciones relacionadas con la Guardia Nacional, algunos de los cuales están registrados en otros estados como Guerrero y Michoacán.
En cuanto al estado de las quejas, 16 están aún en trámite y 83 han concluido. En 16 casos no se acreditó un hecho violatorio, mientras que en 12 casos no se determinó la acusación. El informe no proporciona detalles específicos sobre las afectaciones sufridas y las denuncias presentadas. La CNDH no puede compartir información detallada de los expedientes debido a la protección de datos personales de las víctimas.
Los datos muestran que los principales derechos presuntamente vulnerados en la Ciudad de México son el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica. Las alcaldías con más casos reportados son Iztapalapa, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.
A pesar de las quejas presentadas, hasta la fecha de esta publicación, la Guardia Nacional no ha respondido a los informes y acusaciones emitidos por la CNDH.
Este aumento en las quejas y denuncias contra la Guardia Nacional destaca la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos en el marco de las labores de seguridad pública. La sociedad y las organizaciones defensoras de los derechos humanos exigen una investigación exhaustiva y acciones para prevenir futuras violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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