En virtud de la reforma laboral implementada en 2021, se han establecido medidas estrictas para combatir la subcontratación ilegal de servicios u obras especializadas. Aquellas empresas que contraten este tipo de servicios deben asegurarse de realizarlo exclusivamente con prestadores registrados en el Padrón del REPSE, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
La nueva legislación exige que el contrato de prestación de servicios u obras especializadas incluya el folio de la actividad registrado por el proveedor de los servicios, así como la cantidad aproximada de trabajadores involucrados en la ejecución de dichos servicios. Esto tiene como objetivo garantizar la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales correspondientes.
Tanto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social enfatizan su compromiso con la correcta aplicación de las disposiciones fiscales y la prohibición de que personas físicas y morales presten o contraten servicios u obras especializadas que no estén relacionadas con su objeto social o su actividad económica preponderante.
Las consecuencias para aquellos prestadores de servicios que ofrezcan y ejecuten actividades especializadas sin estar registrados en el REPSE, así como aquellos que, aun estando registrados, incumplan con sus obligaciones fiscales, de seguridad social o los requisitos de la Ley Federal del Trabajo, pueden ser severas. Estos actos pueden considerarse como delito de defraudación fiscal, lo que conlleva sanciones legales.
Por otro lado, las empresas o personas físicas que contraten estos servicios no podrán deducir o acreditar los pagos realizados por las obras o servicios contratados si no cumplen con las disposiciones legales establecidas.
Adicionalmente, el artículo 1004-C de la Ley Federal del Trabajo contempla multas que van desde 2 mil hasta 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para aquellos que no cumplan con estas disposiciones.
Ante este panorama, es fundamental que las empresas y los prestadores de servicios se mantengan actualizados y cumplan con las regulaciones establecidas para evitar sanciones fiscales y laborales. La transparencia y el apego a la ley son pilares fundamentales para fomentar un entorno laboral justo y equitativo.
Fer Moctezuma 