Cuatro militares han sido vinculados a proceso por un juez federal por su presunta responsabilidad en la ejecución de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los soldados enfrentan cargos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
El pasado 26 de febrero, militares dispararon sus armas de fuego contra una camioneta, matando a cinco jóvenes mexicanos, hiriendo a uno y dejando a otro ileso. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, el accionar de los elementos del Ejército Mexicano se dio tras una persecución y el sonido de “un estruendo”. Las autoridades de justicia civiles y militares abrieron carpetas de investigación.
Sin embargo, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, dijo en marzo pasado que los jóvenes no estaban armados y no se enfrentaron a los miembros de las Fuerzas Armadas. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y diversas organizaciones civiles y organismos también han condenado los hechos y exigido una investigación “diligente, pronta e imparcial” sobre estos asesinatos.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido determinar el papel del Ejército en la matanza de estos jóvenes y ha señalado que, en el caso de que sean responsables, “sean castigados”.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la organización Fundar y Human Rights Watch también han demandado una investigación de los hechos.
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