La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió este martes una nueva controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la aplicación de la primera parte del Plan B del presidente López Obrador.

La polémica planteada por el INE sostiene que las reformas aprobadas en diciembre por el Congreso de la Unión a leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas invaden las facultades y transgrede su autonomía.

“El Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”. expresó el ministro Alberto Pérez Dayan.

Esto dado que, porque en el caso de la Ley General de Comunicación Social, los legisladores federales aprobaron fijar como límite el que los ayuntamientos destinen más del 0.1 por ciento de su presupuesto a propaganda gubernamental, decisión que además ha generado molestía entre las autoridades locales, quienes alegan el gobierno federal les limitó la facultad para promocionar sus acciones en los medios de comunicación.

Los otros cambios impugnados por el INE se refieren a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que, entre otras cosas, amplió la definición de propaganda gubernamental, que ahora permite que cualquier funcionario público realice ejercicios como un referéndum u otro funcionario“en el ejercicio de su libertad de expresión”, sin que haya controles para ello.

Pérez Dayán, el ministro que la semana pasada otorgó una suspensión a favor de los partidos de oposición para que no se lleven a cabo las reformas electorales en el Estado de México y Coahuila porque “podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático”, es quien se encargará del análisis de la controversia.

A partir de la publicación y notificación del mismo, el Ministro ha concedido a las autoridades responsables de la entrada en vigor del Plan B un plazo de 30 días para que presenten su respuesta a esta controversia.

En este caso, quienes pueden combatir la polémica que presenta el INE son el presidente López Obrador; el Ministro del Interior, Adán Augusto López Hernández, y las Cámaras de Diputados y Senadores.